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Aprobado acuerdo para el derecho del baño a transexuales de Carolina del Norte

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Un juez federal aprobó un acuerdo legal el martes que afirma el derecho de las personas transgénero a usar los baños que coincidan con su identidad de género en muchos edificios públicos de Carolina del Norte.

El decreto de consentimiento entre el gobernador demócrata del estado y los demandantes transgénero abarca numerosos edificios estatales, incluidas las instalaciones administradas por agencias ejecutivas que supervisan el medio ambiente, el transporte y Medicaid, entre otros. A cambio, los demandantes han acordado abandonar las acciones legales pendientes contra el gobernador y otros demandados.

El acuerdo fue firmado por el juez Thomas Schroeder después de una batalla legal de tres años que cuestiona el llamado proyecto de ley de baño de Carolina del Norte y la ley que lo reemplazó.

"La importancia de esto no puede ser subestimada, se trata de nada menos que de la capacidad de ingresar a espacios públicos como miembros iguales de la sociedad", dijo la abogada de Lambda Legal, Tara Borelli, quien representa a los demandantes. "A nivel nacional, este decreto envía una señal importante de que atacar a las personas transgénero por discriminación es inaceptable".

El acuerdo entre los demandantes y el gobernador Roy Cooper dice que nada en la ley estatal actual puede interpretarse como que "impide que las personas transgénero utilicen legalmente las instalaciones públicas de acuerdo con su identidad de género" en los edificios controlados por el poder ejecutivo del estado.

Además, el acuerdo dice que los funcionarios del poder ejecutivo, como los gobernadores actuales y futuros, así como sus empleados en las agencias estatales, tienen prohibido usar la ley actual "para prohibir, prohibir, bloquear, disuadir o impedir que personas transgénero utilicen instalaciones públicas. … de acuerdo con la identidad de género del individuo transgénero ".

Los líderes legislativos republicanos de Carolina del Norte, que aprobaron el "proyecto de ley del baño" y su reemplazo, se habían opuesto al decreto de consentimiento.

La ley de 2016, también conocida como HB2, obligaba a las personas transgénero a usar baños que coincidan con sus certificados de nacimiento en los edificios del gobierno estatal y otras estructuras públicas, incluidas paradas de descanso en carreteras, escuelas y universidades. Si bien ese requisito fue rescindido posteriormente, una ley de reemplazo detiene las nuevas ordenanzas locales contra la discriminación hasta 2020.

Los demandantes transgénero que habían impugnado la ley original modificaron su demanda para luchar contra la ley de reemplazo, argumentando que continuaba dañándolos al crear incertidumbre sobre las reglas del baño. También desafiaron la moratoria sobre las nuevas leyes locales para proteger a las personas LGBT.

Joaquín Carcano, el demandante principal y un empleado transgénero de la Universidad de Carolina del Norte, saludó la decisión del juez en una declaración.

"Después de tantos años de manejar la ansiedad de HB2 y luchar tan duro, me siento aliviado de que finalmente tengamos una orden judicial para proteger a las personas transgénero de ser castigadas bajo estas leyes", dijo.

Sin embargo, dijo que la moratoria de la ley actual sobre las nuevas leyes locales contra la discriminación "sigue siendo devastadora".

Schroeder había dictaminado a fines de 2018 que la ley de reemplazo no podía interpretarse como una forma de evitar que las personas transgénero usen los baños de acuerdo con su identidad de género. Los demandantes incorporaron lenguaje similar en su decreto de consentimiento. El fallo mixto del año pasado, sin embargo, rechazó algunos de los argumentos de las personas transgénero y dejó que otras partes del caso procedan.

El decreto de consentimiento fue propuesto por primera vez a fines de 2017 por los demandantes y Cooper, que habían heredado un papel como acusado en el caso de su predecesor, el republicano Pat McCrory. McCrory había firmado HB2 en ley.

Decir que el estado "da la bienvenida a todas las personas", el portavoz de Cooper, Ford Porter, dijo en un correo electrónico el martes que "la decisión de hoy es un paso importante para poner los impactos dañinos de HB2 en el espejo retrovisor para siempre".

El presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, y el líder del Senado, Phil Berger, quienes intervinieron en el caso como acusados, instaron al tribunal federal a rechazar el decreto por consentimiento. Sus abogados argumentaron que los demandantes estaban usando la última versión del decreto de consentimiento para resucitar esencialmente los argumentos ya rechazados por el tribunal.

También argumentaron que el acuerdo sobrepasó el rol apropiado de la corte porque "pretende vincular a los funcionarios y agencias del estado de Carolina del Norte, a perpetuidad, a un acuerdo político temporal".

Schroeder se refirió a las preocupaciones de los líderes legislativos en una orden escrita el martes, y señaló que nada en el acuerdo limita la capacidad de la legislatura para enmendar la ley de reemplazo "o aprobar cualquier ley que desee".

El portavoz de Moore, Joseph Kyzer, dijo que los legisladores de la Cámara de Representantes estaban revisando la decisión y evaluando las opciones.

Bill D'Elia, un portavoz de Berger, dijo que el decreto de consentimiento esencialmente confirma las políticas de antidiscriminación del poder ejecutivo instituidas bajo una orden ejecutiva de Cooper de 2017, al tiempo que "pone esta demanda en la cama".

"Ojalá podamos finalmente dejar atrás este problema de hace años y seguir adelante", dijo en un correo electrónico.

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"Talón de Aquiles" de deuda en dólares de Argentina podría llevar a nueva rebaja de nota: Fitch

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La calificación de deuda de Argentina podría ser rebajada otra vez por Fitch Ratings si un nuevo debilitamiento del peso aumenta el riesgo de un default, dijo el martes el responsable de notas soberanas de la agencia en una entrevista.

Argentina tiene en circulación bonos denominados en moneda estadounidense por decenas de miles de millones de dólares.

La perspectiva del repago de la deuda se oscureció desde el desplome de 18% que sufrió el peso la semana pasada, después de que el presidente Mauricio Macri, favorito de los mercados financieros, fue derrotado en las elecciones primarias del 11 de agosto por su rival de centroizquierda Alberto Fernández.

“El gobierno argentino tiende a endeudarse en moneda extranjera, ya sea a nivel doméstico o en el exterior, por lo que la dependencia del endeudamiento en moneda extranjera es el talón de Aquiles del crédito soberano aquí”, dijo James McCormack, jefe de calificaciones soberanas de Fitch, a Reuters.

“Introduce una vulnerabilidad por el lado de las fluctuaciones cambiarias que muchos otros países simplemente no enfrentan”, agregó McCormack.

Fitch bajó el viernes la calificación de Argentina a “CCC” desde “B”, afirmando que la incertidumbre política tras las elecciones primarias “incrementa la probabilidad de un default soberano o algún tipo de reestructuración”.

Los mercados fueron sacudidos por el triunfo de Fernández en las primarias, que fue mayor de lo previsto y lo encaminó como candidato firme a ganar las elecciones de octubre, generando dudas sobre el futuro de las políticas liberales de Macri y el plan de austeridad de Argentina respaldado por el FMI.

McCormack dijo en una presentación en Buenos Aires que la calificación ‘CCC’ significa que una reestructuración de deuda o un default son vistos como “posibles”, pero no “probables”.

En una entrevista posterior, McCormack dijo que cualquier cambio de política económica que pudiera incrementar la probabilidad de un default sería un factor a considerar para determinar si la nota de Argentina vuelve a ser rebajada.

“¿Qué tipo de políticas podrían llevar a eso? Políticas que resulten en una mayor depreciación del tipo de cambio y una falta de confianza en el marco macroeconómico”, dijo McCormack.

Las medidas de alivio anunciadas por Macri en la última semana tendrán un impacto fiscal ligeramente negativo, pero eso no será suficiente para afectar la calificación crediticia del país, señaló McCormack.

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El Amazonas, en llamas; incendios forestales superan los 70.000 en el año en Brasil

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Los incendios forestales han alcanzado este año un récord de 72.843 en Brasil, según el centro de investigación espacial de Brasil INPE, en momentos en que hay fuegos activos en varios lugares de la selva amazónica y crece la preocupación por la política ambiental del presidente derechista Jair Bolsonaro.

El aumento llega al 83% frente al mismo período de 2018, dijo la agencia el martes, y el total es el mayor desde que comenzaron los registros en 2013.

INPE dijo que desde el jueves las imágenes satelitales detectaron 9.507 nuevos incendios forestales, principalmente en la cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande del mundo y al que se considera vital para contrarrestar el calentamiento global.

Las imágenes muestran el estado septentrional de Roraima cubierto de humo oscuro. El de Amazonas declaró el 9 de agosto una emergencia en el sur y en su capital, Manaos. Acre, en la frontera con Perú, ha estado en alarma ambiental desde el viernes por los incendios.

Los incendios forestales han aumentado en Mato Grosso y Pará, dos estados agrícolas que han empujado la agricultura hacia la cuenca del Amazonas y donde se ha estimulado la deforestación.

Los incendios forestales son comunes en la estación seca, pero también son provocados deliberadamente por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado.

“Me solían llamar capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el Amazonas. Pero si es la temporada de incendios”, dijo a periodistas cuando se le preguntó por el auge de los incendios.

La agencia espacial INPE dijo que la gran cantidad de incendios forestales no se puede atribuir a la estación seca o solo a fenómenos naturales.

“No hay nada anormal en el clima este año o las lluvias en la región amazónica, que están un poco por debajo del promedio”, dijo el investigador del INPE Alberto Setzer.

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Condenan por financiación ilegal de campaña a Fernando Haddad, delfín de Lula

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Un juez electoral brasileño condenó en primera instancia al excandidato presidencial Fernando Haddad a cuatro años y seis meses de cárcel en régimen semiabierto por financiación irregular de la campaña electoral que lo llevó a la alcaldía de Sao Paulo en 2012.

Haddad, excandidato a las elecciones de octubre por el Partido de los Trabajadores en reemplazo del encarcelado e inhabilitado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, recurrirá en libertad esta decisión de primera instancia, dictada el lunes y divulgada este martes.

El juez Francisco Carlos Inouye Shintate, de la primera zona electoral de Sao Paulo, le atribuye a Haddad en su sentencia un delito de "falsificación de documentos con fines electorales", basándose en "258 declaraciones falsas de gastos en material gráfico" durante su campaña para la alcaldía de la capital económica de Brasil.

"Esas declaraciones se refieren a facturas de servicios prestados por empresas gráficas que no demostraron haber impreso el material gráfico", explica el Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo en un comunicado.

El magistrado absolvió al exalcalde de Sao Paulo en la misma causa de los delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

Haddad, derrotado por Jair Bolsonaro en octubre, había sido denunciado en septiembre por la Fiscalía por supuestamente haber recibido en 2012 2,6 millones de reales [USD 1,2 millones al cambio promedio de ese año] de la empresa UTC Engenharia S.A. para pagar una deuda contraída durante la campaña electoral, a cambio de favorecer a la empresa en sus vínculos con la administración pública.

La denuncia, que partió del expresidente de UTC Ricardo Pessoa en un acuerdo de delación premiada, sostiene que esa empresa habría transferido el dinero directamente a las empresas gráficas propiedad de un miembro del entorno del PT.

En declaraciones divulgadas por la prensa local, Haddad anunció que recurrirá la sentencia en segunda instancia y declaró que la sentencia "carece de lógica", pues el juez le condenó por algo que no estaba incluido en la denuncia de la Fiscalía.

En un comunicado, el PT recordó que el Tribunal de Justicia de Sao Paulo archivó ese caso por la vía penal en febrero.

"Esta sentencia injusta y arbitraria se enmarca en los más recientes episodios de filtraciones ilegales y denuncias sin pruebas para incriminar con falsas acusaciones al PT y a sus líderes", dice.

Lula (2003-2010) purga, desde abril de 2018, una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por cargos de corrupción que él niega.

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